El 27 de septiembre de 1975 cinco hombres fueron asesinados. Y decimos asesinados, no ejecutados ni ajusticiados, porque la Justicia no tuvo nada que ver con este crimen. Cuando nos negamos a llamar Justicia a la legalidad española del franquismo, no la contraponemos a ningún modelo ideal de lo que debe ser la Justicia sino, simplemente, al derecho positivo ya existente en aquel momento en los países que podían considerarse democráticos y en el seno de la comunidad internacional. El Estado español no cumplía ninguno de los estándares en materia de Derechos Humanos. Incluso hoy, 36 años después de aquellos crímenes, la legalidad española sigue estando, en la práctica, muy alejada de lo que exige el derecho internacional, aunque éste Estado suscriba, sobre el papel, todos los convenios sobre Derechos Humanos habidos y por haber.
Jon Paredes “Txiki”, Ángel Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz fueron juzgados y condenados por unos tribunales cuya única “fuente de legitimidad” era la victoria de los sublevados en la rebelión militar del 18 de julio de 1936. La nueva legalidad se había construido en base al aniquilamiento físico o a la anulación y sometimiento de todos aquellos que no encajaban en el proyecto de la “España Una, Grande y Libre”. Los fascistas mataron para arrogarse el “derecho” de poder seguir matando.
La farsa de juicio a la que fueron sometidos aquellos cinco hombres no tenía las mínimas garantías procesales y, a día de hoy, se sabe a ciencia cierta que varios de ellos ni siquiera eran responsables de los hechos por los que fueron juzgados. El régimen franquista ya lo sabía entonces, pero necesitaba matar para someter a cualquier disidencia. Había nacido matando y se había perpetuado matando. El baile de muertos se había iniciado el mismo día del alzamiento militar. Las cunetas y las tapias de los cementerios fueron sus primeros escenarios. Los tribunales que se fueron creando después solo serían una escenificación para justificar los crímenes.
Los cinco asesinados habían emprendido el camino de la lucha armada como forma de enfrentarse a una dictadura que, para vencer y mantenerse en el poder, había causado la muerte de centenares de miles de personas. Las distintas formas de lucha, en un contexto de falta absoluta de libertades, era apoyadas, justificadas o, al menos, comprendidas, con todos los matices que se pudieran establecer, por el conjunto de la oposición antifascista. Clara prueba de ello es la respuesta a la noticia de las sentencias de muerte y a la “ejecución” de las mismas. Una oleada de protestas sacudió el Mundo, primero para intentar evitar los asesinatos y más tarde para servir como condena de los mismos.
Quienes, en su día, compartieron la militancia antifascista con los cinco asesinados aquel 27 de septiembre han evolucionado en direcciones muy distintas: algunos continuaron con las mismas formas de lucha, otros las cambiarían pero mantendrían los mismos objetivos políticos. Algunos no tuvieron presencia destacada en la vida pública en los años posteriores. Hubo quienes, incluso, acabaron situándose en posiciones que, al menos a nuestro entender, son diametralmente opuestas a las que mantenían en 1975, y como consecuencia de este profundo cambio, ahora se encuentran entre quienes niegan la condición de víctimas a sus antiguos compañeros de lucha.
Claros ejemplos de todos estos caminos por los que transitaron los que un día participaron en la lucha antifascista lo encontramos entre otras personas que fueron condenadas a muerte, en el conocido como “Proceso de Burgos”, de 1970. En este caso, las sentencias no se llevaron a efecto. Estos condenados tuvieron la posibilidad de evolucionar, de cambiar, incluso de venderse a cambio de un cargo público. Tuvieron la opción de ser coherentes con su pasado o de dejar de serlo.
Los asesinados el 27 de septiembre de 1975 no tuvieron la posibilidad de seguir caminando en ninguna de estas direcciones. Su imagen quedó congelada en el momento de su muerte. El fascismo les negó cualquier posibilidad de futuro, tanto en lo personal como en lo político, en la realización de los proyectos por los que luchaban. Sus verdugos quisieron, también, arrebatarles su condición de luchadores por la libertad y la justicia social, pero la sociedad vasca, haciendo de ello su bandera, recuerda a toda esta generación de militantes antifascistas, en la coherencia de su lucha, ante la actual monarquía constitucional, hija maquillada de franquismo, cuyas responsabilidades continúan impunes.
ALBERTO MUÑOZ, MANUEL SAINZ, GOTZON GARMENDIA, ANDONI TXASKO, IÑAKI ASTOREKA, ESTEBAN GOTA, AITOR IBAÑEZ (Miembros de LAU HAIZETARA GOGOAN)
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